Vecinos de Güeñes dudan del nuevo estudio sobre la contaminación de Glefaran | Sociedad

Manifestación en Zalla contra la empresa Glefaran en enero.

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POLÉMICA POR LAS EMISIONES

AGENCIAS | REDACCIÓN

La plataforma Güeñes Bizia denunció en los Juzgados de Balmaseda que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco falseó un informe sobre las emisiones de la planta de Biomasa Glefaran.

La plataforma Güeñes Bizia continuará con su proceso judicial contra el Gobierno Vasco por falsear, presuntamente, datos sobre las emisiones de la planta de Biomasa Glefaran y vaticina que el estudio anunciado esta semana «para calmar a los vecinos que llevan años movilizándose» contra esa fábrica, podría no ser independiente «ni riguroso».

Ese colectivo ha explicado que, gracias a la campaña de recogida de donativos que inició la semana pasada, va a poder frente a la fianza determinada por el juez de Balmaseda que debe resolver sobre su denuncia de un presunto delito de falsedad de un informe del 23 de abril de 2019.

Ese documento, rubricado por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, recogía mediciones de sustancias como «benzopirenos» y «metales pesados» supuestamente tomadas en el entorno de la planta de biomasa durante los años 2017 y 2018, que sirvieron de base para que el departamento de Salud concluyera que esas emisiones de Glefaran estaban «dentro de los límites de protección de la salud».

Sin embargo, la plataforma vecinal tratará de demostrar ante la Justicia que, en realidad, nunca se realizaron esas mediciones y que, por tanto, se falseó el informe y «se redactó para tratar de calmar» a los ciudadanos que viven en el entorno de la fábrica, que llevaban «años de movilizaciones en defensa de su salud».

Según ese colectivo, «el Gobierno Vasco lleva años mintiendo sobre la esa planta de combustión y no mide las sustancias más nocivas» que emite y que llevan años respirando los vecinos de esa zona, por lo que ha vuelto a exigir la paralización de esa fábrica.

Desde que se puso en marcha de la planta entre los municipios de Güeñes y Zalla, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos de ambas localidades han sostenido que la actividad de la empresa cumplía la ley y ha restado importancia a sus emisiones. «Incluso cuando amanecíamos con las calles y los coches negros decían que todo era normal y que era algo inocuo».

Esta semana ambos ayuntamientos han anunciado haber encargado un estudio sobre las emisiones a la atmósfera de Glefaran y la calidad del aire al CSIC, la Universidad del País Vasco y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas(CIEMAT).

Para Güeñes Bizia, pretenden así contrarrestar las conclusiones «rotundas» del estudio elaborado por tres investigadores de prestigio internacional para esa plataforma de manera absolutamente desinteresada y que aconsejaba el cierre de la planta o su traslado.

El informe que aconseja el cierre o el traslado de la planta

En concreto, ese informe está firmado por Fernando Palacios, quien fue científico titular del CSIC de 1986 a 2019; y revisado por Josep Ferrís i Tortajada, fundador y coordinador de la unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del hospital La Fe de Valencia, y Eduard Rodríguez-Farré, profesor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.

Según la plataforma, estos tres expertos «son los únicos científicos del Estado que han participado en investigaciones sobre la afectación en los entornos de la actividad de las plantas de biomasa» y recogen como evidencias de sus conclusiones, «una compilación de los 72 estudios que se han hecho hasta la fecha en todo el mundo», sobre empresas con esa actividad.

«El CSIC no ha tenido nunca una línea de investigación propia sobre este tema» y, por tanto, «no podrá refutar con evidencia científica esos 72 estudios que se han hecho en instituciones europeas y de otros países, como China y Canadá, que lo han estudiado en profundidad», ha sentenciado esa asociación.

Los científicos que trabajaron para los vecinos de Güeñes recogieron estudios epidemiológicos sobre los efectos en la salud de ese tipo de fábricas desde los años 80 y han aconsejan el cese de su actividad en su actual ubicación.

La plataforma duda de la independencia que puedan tener los expertos contratados por los ayuntamientos, que apuestan por el mantenimiento de la planta de biomasa.



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